Un domingo por la tarde cualquiera, me encuentro recabando información sobre Pobreza Energética y sobre cómo poder paliarla, con el objetivo de intentar realizar acciones divulgativas y políticas ahora que se acerca el invierno y que en sitios como mi pueblo, Villanueva del Trabuco, suponen semanas de intenso frío. Mucho me temo que existe un buen número de familias que se tienen que pensar el encender el brasero eléctrico o la estufa, por miedo al recibo de la luz. Y es que realidades como la pobreza energética se dan por interconexión de fenómenos, en ese caso, por el bajo nivel de ingresos de gran parte de la población y por el cada vez más caro recibo de la luz, facilitado por las compañías eléctricas y el entramado político a su servicio.
El caso es que, revisando las medidas para paliar esta realidad, me encuentro con el Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, de la Junta de Andalucía, aunque gestionado por los Ayuntamientos que lo soliciten y los Servicios Sociales Comunitarios (más info aquí y aquí). Este programa, que, como ejemplo, supone 7.400 euros para el Trabuco en 2.016, va enfocado a familias (que no personas individuales) en "situación de urgencia social". Los fondos se destinan a "gastos de energía eléctrica", o "derivados del suministro de agua, alcantarillado y basura" y los fondos concedidos deben ser empleados específicamente en eso, debiendo facilitar, por tanto, las facturas debidas, así como toda la documentación que demuestre que se está en situación de urgencia social.
Para acreditar esa "situación de urgencia social", es decir, para demostrar que una es pobre, se le pueden exigir multitud de documentos (desempleo, IRPF, empadronamiento, etc.), lo que supone que, para que te den para pagar unas facturas de, imagino, unos cientos de euros a lo sumo, debes entretenerte bastante en demostrar que eres pobre y que no quieres engañar a la administración (ya se sabe, somos sospechosos habituales en el arte de engañar). Además, existen requisitos tan curiosos como el de "no ser propietaria o usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda individual". Es decir, que si tienes bienes, tienes que deshacerte de ellos, lo cual puede, perfectamente, ahondar en tu situación de pobreza, beneficiando a aquéllas que se aprovechen de una venta a precio bajo por el bache que estás pasando. Pensemos por ejemplo en las familias que tengan que desprenderse de la pequeña extensión de tierra con la que saca algo todos los años, por ejemplo.
En definitiva, lo de siempre, que hay que demostrar que se es pobre. Pedir limosna; ayuda, caridad, cuando ya no puedes ni pagar la luz. Y si para ello tienes que deshacerte de lo único que te queda, pues es lo que hay. Y todo ello bajo la lupa de la administración que no se fía de ti ni un pelo, no vaya a ser que estés intentado engañarle y hacer triquiñuelas legales para quedarte con lo que no es tuyo.
Un sistema burocratizado al máximo que requiere un programa específico, un real decreto, reserva de fondos, comisión de control a nivel andaluz y provincial, tiempo de los Servicios Sociales, tiempo de las beneficiarias, recoger un montón de documentación, tiempo de las funcionarias o representantes en los Aytos., control de cuentas, etc. Todo para pagar las facturas de suministros BÁSICOS para las andaluzas.
Ha sido al llegar a esta conclusión cuando he visto una de las mayores ventajas de la Renta Básica Universal (RBU), destacada por Daniel Raventós en alguna de sus conferencias que he podido ver. La simplificación y ahorro que conlleva la RBU en cuanto a la tramitación de todo el conglomerado de ayudas (rentas para pobres, como él las llama). Y es que la RBU eliminaría de un plumazo toda la batería de pequeñas ayudas (no así prestaciones por desempleo) que van destinadas a paliar los efectos más dañinos del sistema (me niego a seguir llamándolo crisis). Con la RBU daríamos el poder, la libertad y la responsabilidad a cada persona de emplear su renta, incluyendo, por supuesto, todos sus gastos básicos garantizados. Las personas ya no tendríamos que mendigar, sino que tendríamos el derecho a nuestros suministros básicos. Considero que esta última afirmación, es bastante más revolucionaria de lo que pueda parecer.
Por ello, cada vez que se habla de lo que costaría implementar la RBU, por ejemplo, en Andalucía, se debe contar con el coste de todas aquéllas medidas que ya están implementadas y que quedarían sin efecto. Y no sólo lo que cuestan presupuestariamente en cuanto al montante de las ayudas, sino su puesta en marcha, control, etc. Como ejemplo, el propio Raventós utiliza el caso de la renta mínima en Cataluña (si no recuerdo mal), para el cual casi 1 de cada 2 euros se empleaba en la administración, gestión y control del programa, por lo que ¡sólo queda la mitad del dinero para lo que se supone que debe servir!
Ni que decir tiene que la RBU, al ser concebida como un derecho (y no una ayuda para pobres), evita todo el mal trago de las personas "en situación de urgencia social" de la tramitación, que muchas aún sienten como un estigma social, con la vergüenza de tener que pedir ayuda. Además, la RBU evitaría las situaciones injustas, como la que supone tener que desprenderse de bienes para poder "no ser pobre" (piense en pequeñas tierras de explotación agrícola, por ejemplo, que sirven de sostén para muchas familias andaluzas).
En un país y un mundo en el que, por ahora, hay para todas, no debe existir la posibilidad de ser pobre. La Renta Básica es la mejor herramienta de futuro para la eliminación de la pobreza y la estigmatización social que supone. Constituye la mejor herramienta de transición ante la aparente pérdida de empleos por la mecanización y la tecnología, siendo a la vez una herramienta de empoderamiento de aquellos sectores que aún son subalternos por el mero hecho de ser económicamente dependientes (mujeres, mayoritariamente).
La RBU es la materialización de que se tiene derecho a una vida digna y por ello, no hay lucha más loable que la que está llevando a cabo Paco Vega, que lleva desde el 2 de noviembre en huelga de hambre para que se materialice el artículo 23.2 de nuestro estatuto autonómico: "Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna".
